Validade de gravações realizadas por terceiros: um caso da Espanha e três do Brasil

^{Por Vladimir Aras}

Em 17 de setembro de 2020, o Tribunal Supremo espanhol negou provimento a recurso de cassação interposto contra acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Superior de Justiça do País Basco, que havia confirmado a condenação de um réu por estupros reiterados contra sua filha menor.

Uma das provas usadas no processo foi a gravação de um diálogo entre o pai estuprador e sua filha vítima, feita por terceiro, a mãe da menina, no interior da residência da família.

O Supremo Tribunal em Madrid rejeitou a alegação de nulidade da gravação feita sem o consentimento do pai e da filha e admitiu a valoração da prova pelo juízo da condenação, porque a mãe da vítima agiu como particular, e não a serviço do Estado, para fins de persecução penal.

Segundo a acusação,

“El acusado (…), desde principios del año 2015 hasta el 31 de agosto de 2016, de modo reiterado, en diversas ocasiones, aprovechándose de su condición parental respecto a su hija se acercaba a R. que entonces contaba con catorce años por haber nacido el día X. En estas ocasiones, el acusado solía iniciar juegos con la menor, haciéndole cosquillas, invitándole a dormir con él y con el fin de satisfacer sus deseos sexuales, le quitaba la camiseta , tocándole los pechos así como la vagina por encima de la ropa. En una ocasión la menor se encontraba en el baño donde entró su padre desnudo, mientras que ella estaba en ropa interior porque se acababan de duchar. Después fueron a su cuarto, ella seguía en braga y sujetador ,él seguía desnudo, solo con el albornoz, jugando con ella, pudiendo observar que a él le salió semen, que manchó un poco su cama.

El acusado cometía los hechos en el domicilio en que vivía con su pareja sentimental, Beatriz , junto con su hija, Rosaura . El acusado solía cometer los hechos aprovechando la ausencia de Beatriz , por motivos laborales”.

O réu foi condenado pela Audiência Provincial de Álava, no País Basco, em 12 de julho de 2018, como autor de um delito continuado de abuso sexual contra menor de 16 anos, prevalecendo-se de sua relação de parentesco, por ser pai da vítima. A Justiça local lhe impôs a pena de prisão por 5 anos; suspensão do direito de ser votado por igual período; liberdade vigiada pelo mesmo prazo; assim como a proibição de comunicar-se com a vítima ou de aproximar-se a menos de 200 metros dela por um período de 6 anos. A condenação também o privou do poder familiar até a maioridade da vítima.

No trecho mais importante do acórdão, que na Espanha é chamado de sentencia, lê-se:

“6. Puede así concluirse que la fuente probatoria que analizamos sí se obtuvo con quebranto del derecho del acusado a su intimidad, y aun con conculcación del derecho al secreto de sus comunicaciones respecto de quienes no participaban en ellas. Si bien la grabación se obtuvo en una zona común de su residencia y, en principio, con la posibilidad de percepción por quienes comparten el espacio en el que la conversación se desarrolla, concurren circunstancias específicas que muestran que los comunicantes contaban con una expectativa razonable de confidencialidad o intimidad, pues para la captación de la conversación hubo de instalarse un mecanismo de grabación, ubicarse en un lugar oculto, y hacerlo funcionar en un momento en el que los interlocutores estaban solos y dentro de un inmueble en que cualquier otra persona tiene vedado su acceso. La conversación solo pudo obtenerse de una manera furtiva, habiéndose adoptando todos los mecanismos precisos para inmiscuirse en una conversación ajena que, de ningún otro modo, se hubiera desvelado a terceros extraños a ella.

7. Aun cuando la valoración de una prueba ilícita es en principio contraria al contenido material del derecho a la presunción de inocencia por las razones disuasorias ya expuestas, hemos destacado en nuestra jurisprudencia ( STS 116/2017) que, “la acción vulneradora del agente de la autoridad que personifica el interés del Estado en el castigo de las infracciones criminales nunca puede ser artificialmente equiparada a la acción del particular que, sin vinculación alguna con el ejercicio del ius puniendi, se hace con documentos que más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una u otra circunstancia, determinantes para la formulación del juicio de autoría“.

Para esta segunda categoría de supuestos, y sin que la formulación pueda entenderse generalizable sin un previo y férreo control de las circunstancias en las que los derechos constitucionales han sido vulnerados y se incorporan después al proceso penal por los intervinientes en el mismo, hemos proclamado que la regla de exclusión sería plenamente operativa en aquellos supuestos en los que la actuación del particular busca hacer acopio de datos probatorios destinados a incorporarse al proceso penal, pero que cuando el particular actúa por propia iniciativa y desborda el marco jurídico completamente desvinculado de la actuación del Estado, en tales supuestos no activa un marco de garantías constitucionalmente dispuestas para impedir el acopio estatal de fuentes de prueba en el marco del proceso penal, que es lo que contempla el art. 11 de la LOPJ al fijar la regla de exclusión que en él se recoge ( SSTS 116/2017, de 23 de febrero y 508/2017, de 4 de julio). Decíamos concretamente en la STS 116/2017 que: “la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión solo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito“.

Lo expuesto muestra que la vulneración del derecho del acusado al secreto de sus comunicaciones, así como el quebranto de su derecho a la intimidad, sobrevenidos ambos por grabarse subrepticiamente la conversación que mantuvo con su hija R. en la mañana del día 29 de agosto de 2016, no comporta la nulidad de la evidencia obtenida, pues no consta que la grabación se realizara con la finalidad de obtener irregularmente pruebas orientadas a impulsar o servir en un eventual proceso penal.

Por más que B. instaló los mecanismos de grabación para confirmar su sospecha de que el acusado tenía una inapropiada relación con su hija, la constatación no buscaba ni se tradujo en la interposición de una denuncia o en el impulso del proceso penal que ahora culmina. Antes al contrario, una vez que B. conoció el contenido de la conversación, telefoneó de forma anónima a las dependencias de la policía municipal de su localidad para, desvelando los hechos, conocer qué podía o debía hacer. El atestado inicial refleja su actuación amparada en el anonimato, además de la persistencia de B. en no desvelar su identidad pese a ser requerida para ello. Se recoge también que la única indicación que aceptó la pareja del acusado fue la de acudir personalmente al Servicio de Protección a la Infancia y, aunque después los servicios municipales terminaron por identificar a B. y la mujer entregó la grabación a los agentes, queda constancia que persistió en su negativa a facilitar los datos de identidad de las personas intervinientes en la conversación, de modo que estos datos terminaron por ser descubiertos en virtud de específicas diligencias de investigación desplegadas por el grupo policial actuante. Incluso se refleja que, aun entonces, B. se opuso a denunciar los hechos, y la única actuación personal que emprendió a partir de su grabación fue abandonar el domicilio familiar el día 20 de septiembre de 2016.

Se muestra así que la ilícita actividad estuvo impulsada por un interés personal, sin finalidad procesal específica.” (STS 457/2020, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, relator PABLO LLARENA CONDE, Nº Recurso: 206/2019, Sentença de 17/09/2020)

Afastou-se assim a aplicação de exclusionary rule quanto a prova ilicitamente obtida, que também existe no processo penal brasileiro. Há ao menos três julgados do STJ, nos quais soluções similares foram adotadas, embora com fundamentos diversos.

Em 2014, a 6ª Turma do STJ assim se posicionou sobre a questão das gravações feitas por terceiros para a prova de crimes sexuais contra menores:

“No caso concreto, a genitora da vítima solicitou auxílio técnico a terceiro para a gravação de conversas realizadas através de terminal telefônico de sua residência, na qualidade de representante civil do menor impúbere e investida no poder-dever de proteção e vigilância do filho, não havendo ilicitude na gravação. Dada a absoluta incapacidade da vítima para os atos da vida civil – e ante a notícia de que estava sendo vítima de crime de natureza hedionda – a iniciativa da genitora de registrar conversa feita pelo filho com o autor da conjecturada prática criminosa se assemelha à gravação de conversa telefônica feita com a autorização de um dos interlocutores, sem ciência do outro, quando há cometimento de delito por este último, hipótese já reconhecida como válida pelo Supremo Tribunal Federal.” (STJ, REsp 1026605/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, 6ª Turma, julgado em 13/05/2014)

Em 2018, a 5ª Turma repetiu o posicionamento adotado pela Corte quatro anos antes:

II – A gravação de conversa, in casu, não configura prova ilícita, visto que não ocorreu, a rigor, interceptação por terceiro, mas uma mera gravação pela genitora utilizando-se do próprio celular, objetivando a proteção da liberdade sexual de absolutamente incapaz, sua filha, na perspectiva do poder familiar, vale dizer, do poder-dever de que são investidos os pais em relação aos filhos menores, de proteção e vigilância.” (STJ, 5ª Turma, AgInt no REsp 1712718/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/04/2018).

Finalmente, em 2020, a 6º Turma voltou ao tema, em HC relatado pelo min. Néfi Cordeiro:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO COM MENOR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL PELA GENITORA DA VÍTIMA. PROVA LÍCITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTREMA GRAVIDADE DELITIVA.WRIT DENEGADO.