Zaffaroni na Corte Interamericana

El 19 de mayo de 2015, tras el otorgamiento de múltiples prórrogas y la realización de diversos esfuerzos, la Comisión determinó que el Estado de Brasil no dio cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. En consecuencia, la Comisión Interamericana sometió a la Corte IDH las acciones y omisiones estatales que ocurrieron o continuaron ocurriendo con posterioridad al 10 de diciembre de 1998, fecha de aceptación de la competencia de la Corte IDH por parte del Estado de Brasil. Esto incluye la forma inadecuada en que se llevaron a cabo las investigaciones con el objeto de responsabilizar a las víctimas fallecidas y no para cumplir con la carga de verificar la legitimidad del uso de la fuerza letal. Asimismo, se encuentra el incumplimiento de los deberes de debida diligencia y plazo razonable respecto de la investigación y sanción de la muerte de las 26 personas en el marco de ambas redadas policiales, así como respecto de los actos de tortura y violencia sexual sufridos por tres víctimas en el marco de la primera redada. También se encuentra la omisión en la reapertura de las investigaciones por los hechos de tortura y violencia sexual respecto de los cuales operó la prescripción de la acción penal a pesar de tratarse de graves violaciones de derechos humanos.

Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice su jurisprudencia en relación con la obligación de investigar adecuadamente muertes violentas derivadas del uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales. Entre otros múltiples factores de impunidad, la Corte podrá pronunciarse sobre la problemática de la estigmatización de las víctimas reflejada en las investigaciones con el objetivo de determinar la responsabilidad de las personas fallecidas de manos de agentes estatales por supuesta “resistencia al arresto” y no con la finalidad de determinar la legitimidad del uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales. Asimismo, la Corte podrá pronunciarse sobre la aplicación de la prescripción a hechos como los del presente caso, tomando en cuenta su carácter de graves violaciones de derechos humanos al igual que el contexto en que tuvieron lugar. Además, la Corte podrá pronunciarse sobre el deber de investigar actos de tortura y violencia sexual por parte de agentes policiales contra mujeres y, particularmente, niñas. Sobre este último punto, la Corte también podrá pronunciarse sobre la aplicación de la figura de prescripción a actos de violencia sexual calificados como tortura.

ÍndiceCASO DA FAZENDA BRASIL VERDE
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) apresentou à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) o caso 12.066 – Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil. Pretende-se a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por violações à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Centenas, talvez milhares, de trabalhadores rurais teriam sido submetidos a trabalho escravo (trabalho forçado e escravidão por dívida) na referida fazenda, ao longo dos anos 1980 e 1990. A Comissão Interamericana considerou que o Estado brasileiro não cumpriu as recomendações contidas no Relatório do Mérito. Omissões do Estado ocorreram ou continuaram ocorrendo após 10 de dezembro de 1998, data de aceitação da jurisdição da Corte pelo Brasil. A Comissão também submeteu à Corte o desaparecimento de Iron Canuto e Luis Ferreira, situações que se prolongam até hoje.

O comunicado da CIDH tem dados mais completos:

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un contexto en el que decenas de miles de trabajadores eran sometidos anualmente a trabajo esclavo, el cual tiene sus raíces en una discriminación y exclusión histórica. En tal sentido, el grupo afectado lo constituyen en su mayoría hombres entre 15 y 40 años de edad, afrodescendientes y morenos originarios de los estados más pobres del país y con menos perspectiva de trabajo. La situación de extrema y especial vulnerabilidad de dicho grupo se debe, entre otros, a la falta de recursos adecuados y efectivos que protejan sus derechos no sólo de manera formal; la pobreza extrema en la que vive gran parte de la población de los estados de los cuales son oriundos; la insuficiente presencia de instituciones estatales; y la inequitativa distribución de la tierra.

Desde 1989, las autoridades estatales realizaron visitas o fiscalizaciones a la Fazenda Brasil Verde para constatar las condiciones en la que encontraban los trabajadores. En ellas, se verificó la existencia de trabajo esclavo, “irregularidades” laborales y “algunas fallas” en dicha hacienda. Los trabajadores que lograron huir declararon sobre la existencia de amenazas de muerte en caso de abandonar la hacienda, el impedimento que tenían de salir libremente, la falta de salario o la existencia de un salario ínfimo, el endeudamiento con el hacendado, la falta de vivienda, alimentación y salud dignas, entre otros. La Comisión consideró que la información disponible permite calificar las prácticas en la hacienda como trabajo forzado y servidumbre por deudas como forma contemporánea de esclavitud.

Asimismo, la Comisión Interamericana declaró que esta situación es atribuible internacionalmente al Estado de Brasil, pues tuvo conocimiento de la existencia de estas prácticas en general y específicamente en la Fazenda Brasil Verde desde al menos 1989. La CIDH consideró que a pesar de haber tomado conocimiento de la situación, el Estado no adoptó medidas razonables de prevención y respuesta, ni proveyó a las víctimas de un mecanismo judicial efectivo para la protección de sus derechos, la sanción de los responsables y la obtención de una reparación. El análisis de la Comisión Interamericana también fue realizado a la luz del principio de no discriminación.

La Comisión concluyó además que el Estado de Brasil es responsable internacionalmente por la desaparición de los adolescentes Iron Canuto y Luis Ferreira. Sus desapariciones fueron denunciadas ante autoridades estatales desde diciembre de 1988, y no se adoptaron medidas efectivas para dar con su paradero, a pesar del conocimiento que tenía el Estado de las prácticas en la hacienda. El Estado, al tolerar estas prácticas, las perpetuó.

En su Informe de Fondo sobre el caso, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Brasil es responsable por la situación de trabajo forzado y servidumbre por deudas análogo a la esclavitud, y de la situación de impunidad de la totalidad de los hechos producto de las acciones y omisiones del Estado, así como por las desapariciones de Iron Canuto y Luis Ferreira.

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado de Brasil reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como moral; asegurar que se restituyera a las víctimas los salarios debidos por el trabajo realizado, así como las sumas de dinero ilegalmente sustraídas de ellos; investigar los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos en relación con el trabajo esclavo y la desaparición de Iron Canuto da Silva y Luis Ferreira da Cruz; disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia; establecer un mecanismo que facilite la localización de las víctimas de trabajo esclavo; continuar implementando políticas públicas, así como medidas legislativas y de otra índole de erradicación del trabajo esclavo; fortalecer el sistema legal y crear mecanismos de coordinación entre la jurisdicción penal y la jurisdicción laboral para superar los vacíos que se generan en la investigación, procesamiento y sanción de las personas responsables de los delitos de servidumbre y trabajo forzoso; velar por el estricto cumplimiento de las leyes laborales relativas a las jornadas laborales y el pago en igualdad con los demás trabajadores asalariados; y adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de discriminación racial, particularmente llevar a cabo campañas de promoción para concientizar a la población nacional y funcionarios del Estado –incluidos los operadores de justicia– sobre la discriminación y el sometimiento a servidumbre y trabajo forzoso.

Note-se que ambos os casos apresentados contra o Estado brasileiro em 2015 são anteriores a 1998, ano em que o Brasil reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte-IDH.

O Brasil já foi condenado pela Corte de São José da Costa Rica em quatro outras oportunidades:

CASO DAMIÃO XIMENES LOPES
(caso Ximenes Lopes vs. Brasil). No primeiro processo que resultou em condenação, foi discutido o direito à integridade física e psíquica da pessoa humana. Em nov/1999, o paciente psiquiátrico Damião Ximenes Lopes foi torturado e morto na Casa de Repouso Guararapes, clínica conveniada ao SUS, na cidade de Sobral/CE. Na Sentença de jul/2006, a Corte Interamericana condenou o Brasil a indenizar os familiares da vítima e a levar a julgamento os responsáveis pelo crime. Em 2007, a União cumpriu a obrigação de indenizar e autorizou o pagamento de R$250 mil à família da vítima. Em 2009, a Justiça estadual cearense condenou os seis responsáveis pelo crime de maus tratos (art. 136, §2º, do CP), entre eles médicos e enfermeiros, a penas de 6 anos de reclusão.

CASO SÉTIMO GARIBALDI (caso Garibaldi vs. Brasil). Em set/2009, veio a segunda condenação do Brasil. Estavam em questão o direito à vida e os deveres estatais de persecução criminal e de prestação jurisdicional em tempo razoável. Em nov/1998, o trabalhador rural Sétimo Garibaldi foi morto por pistoleiros encapuzados num acampamento do MST na Fazenda São Francisco no município de Querência do Norte, na comarca de Loanda/PR. O suposto mandante e os alegados executores do crime não foram processados pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que promoveu o arquivamento do inquérito policial em 2004, o que foi aceito pela juíza de Direito Elizabeth Kather. Em 2003, as ongs Terra de Direitos e Justiça Global, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e a Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP) denunciaram o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O Decreto 7.307/2010 determinou que a SDH providenciasse o pagamento de indenização à família de Garibaldi em cumprimento à sentença. A CIDH também ordenou a conclusão do inquérito e a responsabilização dos servidores públicos que conduziram a apuração inicial.

CASO DAS ESCUTAS CONTRA O MST (caso Escher e outros vs. Brasil). O objeto da Sentença de nov/2009 foi o direito à intimidade e ao devido processo legal e resultou na terceira condenação do País pela CIDH. Um major da Polícia Militar do Paraná solicitou à juíza Elizabeth Kather, da comarca de Loanda, a interceptação de terminais telefônicos utilizados por uma cooperativa de trabalhadores rurais ligados ao MST. As escutas, que duraram 49 dias, teriam sido realizadas sem o cumprimento dos requisitos do art. 5º, inciso XII, da Constituição e da Lei 9.296/96. Em 2000, o MST, a Justiça Global, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a ong Terra de Direitos e a Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP) levaram o fato ao conhecimento da Comissão Interamericana, que, por sua vez, submeteu o caso à Corte. A CIDH considerou o Estado brasileiro culpado pela instalação dos grampos, pela divulgação ilegal das gravações e pela impunidade dos responsáveis pela sua implantação.

CASO DA GUERRILHA DO ARAGUAIA (caso Gomes Lund e outros vs. Brasil). Na Sentença de 4/nov/2010, a quarta condenação, a CIDH considerou o Estado brasileiro culpado pelas mortes e desaparecimentos ocorridos na região do Bico do Papagaio, nas divisas do Maranhão, Pará e Tocantins nos anos 1970 tendo como vítimas militantes do PCdoB. O Brasil também foi punido por denegação de Justiça. O processo na Comissão Interamericana originou-se em 1995 por iniciativa do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e pela Human Rights Watch/Americas e foi submetido à Corte em 2009.